El miércoles 5 de abril recogimos una notificación judicial, metida bajo la puerta de La Molinera, en la que se informa del desalojo forzoso del Centro Social, firmada por el juez José María Crespo de Pablo el 3 de abril. Se establece para este desalojo un plazo máximo de 20 días, en el que se prevé la intervención de la Policía Nacional y de la Policía Municipal…
En el citado escrito, que adjuntamos, se alude a la posibilidad de plantear un recurso ante la misma instancia judicial. Hemos decidido no hacerlo, en primer lugar porque ya se anuncia que este no tiene carácter suspensivo; y en segundo término, porque no confiamos en absoluto en la objetividad del juez José María Crespo de Pablo, quién dejó pasar el tiempo para que algunas de las personas procesadas por las ilegalidades relacionadas con el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (Caso PGOU) vieran sus causas sobreseídas tras la prescripción de los plazos. Cabe recordar que la referida modificación ilegal del PGOU permitió la construcción del hotel Marques de la Ensenada.Nos reiteramos en la defensa del proyecto de La Molinera y nos plantamos, coherentemente, ante la barbarie especulativa. Consideramos que, de no ser por la labor de las personas que durante estos casi cinco años venimos gestionando el espacio, el inmueble estaría totalmente vandalizado y posiblemente destruido, tal como está ocurriendo con multitud de edificios que conforman el patrimonio arquitectónico industrial de Castilla. Como últimos ejemplos de ello, tenemos el derrumbe del tejado de la fábrica de harinas de Peñafiel (reconvertida en hotel y posteriormente abandonada), o el reciente incendio de la fábrica de harinas de Aguilar de Campoo. En contraste con la absoluta negligencia con que las instituciones tratan este patrimonio tan importante en el desarrollo de nuestra tierra, se encuentra la gran atención que le dedican al recorte de los derechos y libertades sociales. Queremos señalar cómo el Ayuntamiento se ha mantenido al margen en la búsqueda de una solución digna para este edificio, patrimonio de los/as vallisoletanos/as, desentendiéndose de trabajar por un desenlace que lo mantuviera en manos del conjunto de la ciudad y que evitase su adquisición privada por un fondo buitre. Cabe recordar una vez más que los nuevos propietarios han adquirido la titularidad del edificio por la irrisoria cantidad de un millón de euros y que, pese a ser preguntados al respecto, no han desvelado en ningún momento cuáles son sus intenciones para el inmueble. Expresamos nuestra preocupación por el destino final de este lugar, y nos tememos que siga los mismos pasos que otros edificios emblemáticos que han sido víctimas de la especulación o del abandono hasta su destrucción. Queremos manifestar también que hemos hecho un reportaje audiovisual para que consten las condiciones en que se encuentra ahora el Centro Social La Molinera. Teniendo en cuenta la total falta de escrúpulos de la mafia que pretende darle la puntilla a este proyecto, queremos prevenir la posibilidad de que provoquen algún tipo de daño en el edificio e intenten responsabilizar a quienes con esmero lo hemos cuidado y gestionado como Centro Social durante estos años. Informaremos de las novedades.